La fiscal del Juzgado Correccional N°2 Olga Pereyra solicitó una pena de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso y 6 meses de inhabilitación para conducir para Luis Alfredo Miranda, acusado de chocar y causar la muerte a un motociclista en el camión en el que se trasladaba. La querella solicitó que sea condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que la defensa del imputado, el sobreseimiento. La sentencia se conocerá el martes 31 de agosto próximo.
Miranda está imputado por el delito de «homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de vehículo», acusado de chocar y causar la muerte del motociclista Raúl Moreno Saavedra (16), en diciembre de 2012, quien tras sufrir graves heridas murió en febrero de 2013 después de meses de agonía.
Pasadas las 10 de ayer, el juez Correccional N°2 Diego Chaile Costilla abrió el debate tras leer los elementos pruebas y documentación que obran en el expediente le dio la palabra a la fiscal Olga Pereyra.
La fiscal mantuvo la acusación tal como venía redactada al momento de la elevación a juicio. En ese sentido enumeró los elementos que tuvo el Ministerio Público Fiscal para arribar a dicha imputación, entre ellos «el acta inicial de actuaciones, el buen estado de calzada y de transitabilidad. La historia clínica de la víctima, las lesiones que presentaban que después lo llevaron a la muerte».
«El valor de las placas fotográficas, el informe planimétrico, los informes de laboratorio, los daños de la moto tras el siniestro, en la zona frontal, etc.», detalló Pereyra.
También puntualizó el informe sobre el estado del camión que conducía el imputado «frenos deficientes, solo frenaba de un solo lado. Los testimonios y la pericia accidentológica», puntualizó.
En ese marco la fiscal fue clara al señalar que no se trató de un accidente, «fue un siniestro», lo que ocurrió fue «por negligencia», aseguró.
Asimismo dijo «que se evidencia cómo el rodado se interpone en la línea de marcha de la moto, el rodado mayor es el que colisionó al rodado menor».
Y puntualizó que lo que ocurrió es una «violación a las normas de tutela y vigilancia en el actuar y la inobservancia de los reglamentos a su cargo».
Finalmente solicitó una pena de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso y 6 años de inhabilitación para conducir.
Querella
Por su lado la querella, representada por la abogada Ana Páez, coincidió con los alegados de la fiscal pero solicitó una pena de 4 años y que se dé cumplimiento efectivo. En cuanto al resarcimiento económico solicitó una suma 10 millones de pesos. Finalmente el abogado defensor, Miguel Leiva, pidió la absolución de su cliente. El debate pasó a cuarto intermedio para el martes próximo (31 de agosto) a las 11. El juez correccional dará el veredicto
