En el Tribunal Oral Federal (TOF) comenzará el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia. El caso que se ventilará es la privación ilegítima de la libertad de Griselda Ponce y Genaro Burgos ocurrida en diciembre de 1976, durante la última dictadura militar.
En el banquillo de los acusados estará sentado el coronel retirado Francisco Gabriel Castañeda, quien al momento de los hechos estaba a cargo de la Jefatura A del Regimiento Aerotransportado 17 de Catamarca.
Según la elevación a juicio el 15 de diciembre de 1976, a las 3, un grupo de cinco o seis personas de civil, con los rostros cubiertos con pañuelos o antifaces, de las cuales una vestía uniforme militar y aparentemente llevaba una peluca, golpearon la puerta del domicilio de la familia Ponce, en calle 9 de julio N° 1276, y sin mostrar una orden de requisa ni de detención, ingresaron a la vivienda munidos de armas de fuego, amenazaron de muerte a Griselda Ponce. Luego despertaron a Julio Genaro Burgos y se dieron a la fuga en dos vehículos. Desde ese día no hubo más noticias del paradero de ambos.
Castañeda fue procesado por los delitos de «privación ilegítima de la libertad agravada en calidad de autor mediato, y como partícipe necesario con dolo eventual del delito de homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía por el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar la inmunidad para sí o para otro».
En la indagatoria, en sede del Juzgado Federal, Castañeda prestó declaración y se despegó de la acusación. El militar retirado manifestó que al momento del secuestro de Ponce y Burgos se encontraba de licencia y las actividades conocidas como «censos de población», no las ejecutaba él personalmente, ya que solo impartía las órdenes a los jefes de sección para llevarlas a cabo.
Manifestó que él no dio la orden de allanar el domicilio de la familia Ponce y que no era obligatorio que se informara de los procedimientos de control de población porque eran rutinarios.
Castañeda había sido sobreseído en primera instancia, pero tras la oposición de la Fiscalía y la Querella, fue imputado y enviado a juicio.
En esta causa también estaba como imputado el teniente coronel retirado, Juan Daniel Rauzzino, que falleció.
Rauzzino, exjefe de la Policía de la Provincia, estaba acusado de la «privación ilegítima de la libertad» de Nelly Yolanda Borda, la estudiante de Belén que fue secuestrada el 27 de enero de 1977.
El exjefe Policial fue juzgado por primera vez en la provincia en 2012 junto con el exjefe del Regimiento Carlos Alberto Lucena. El 15 de junio los jueces Juan Carlos Reynaga y los subrogantes Gabriel Casas y José Camilo Quiroga Uriburu sentenciaron a Rauzzino a 10 años y a Lucena a 16 años por “asociación ilícita” y “privación ilegítima de la libertad agravada” de Julio Genaro Burgos, Francisco Gregorio Ponce y Griselda del Huerto Ponce.
El fiscal Rafael Vehils Ruiz y el por entonces querellante Guillermo Díaz Martínez atacaron el dictamen y en octubre de 2015 la Sala II de la Cámara de Casación anuló la sentencia y ordenó que se dicte un nuevo fallo con un nuevo tribunal. Finalmente, el 3 de octubre de 2016, mediante video conferencia se dio a conocer el nuevo fallo contra Rauzzino: prisión perpetua.
El debate está previsto que comience a las 9. El Tribunal estará integrado por el juez local Enrique Lilljedahl, Federico Bothamley (de La Rioja) y Mario Eduardo Martínez (de Santiago del Estero). En tanto, la defensa del imputado estará a cargo del abogado Lucio Montero, mientras que la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación será representada por Ramiro Fresneda. El fiscal federal Vehils Ruiz estará en el Ministerio Público.
