Un acusado estuvo tres años y dos meses privado de la libertad. A finales de agosto se realizó el debate.
Estuvo preso tres años y lo absolvieron “por falta de certeza» en su participación
El 31 de agosto último, después de tres años, dos meses y ocho días, Marcelo «Visera» Plaza recuperó la libertad. Había llegado a debate imputado por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. Junto con él, estaba imputada María Giménez, quien sí fue hallada culpable en el delito de “transporte de estupefacientes” y condenada a cuatro años de prisión, en su domicilio, con el dispositivo electrónico de control (tobillera).
En debate, el acusado contó que había estado preso desde el 2015 hasta 2017, cuando recuperó la libertad y conoció a Giménez.
El acusado reconoció que tenía antecedentes penales. Fue condenado por “tentativa de homicidio” y por “tenencia simple”. Había conocido a Giménez en 2015 e iniciaron una relación sentimental, pero a los 15 días “cayó preso”. “Cuando la conocí vivía en la casa del Sur, a veces iba a ese domicilio el plomero y la ayudaba con algunos arreglos”, recordó.
En su alegato, el fiscal Rafael Vehils Ruiz advirtió que no podía alcanzar el grado de certeza que se requiere para formular una acusación seria. “No puedo mantener esa probabilidad porque no tengo elementos para hacerlo más que un montón de suposiciones que por más que los tome juntos y tome en consideración las fotos que se encontraron, que aseguran que eran pareja. Pero todo es suposición, dudas y tal vez”, señaló.
Según el representante del Ministerio Público Fiscal Federal no fue posible tomar un testimonio de la gente que hizo la investigación. “No corrió con la misma suerte Giménez, quien fue encontrada con el estupefaciente y eso es incontrastable y eso es la verdad del hecho por el cual Giménez llega a este debate. Lo bien que se trabajó en un caso es exactamente opuesto a lo mal que se trabajó en el otro. Por eso comencé diciendo que venían por situaciones distintas y qué relación había entre ellos. En cuanto a la calificación legal, respecto del acusado, no puedo mantenerla bajo ningún punto de vista”, sostuvo.
Ante estas situación, solicitó que se absolviera al acusado “solamente por el beneficio de la duda porque no he podido probar, que de la sospecha pasó a la probabilidad, pero de la probabilidad no a la certeza”, aclaró.
En los fundamentos de la sentencia –a los que El Ancasti tuvo acceso- se indicó que con relación al imputado se debió conceder la absolución “por falta de certeza en cuanto a su participación en el evento criminoso”. “Ello constituye un límite infranqueable para este órgano jurisdiccional en virtud del arquetipo de enjuiciamiento penal diagramado por nuestra Constitución Nacional que se corresponde con el denominado sistema acusatorio, tal como se desprende del análisis sistemático del plexo normativo vigente”.
La causa
A las 6.30, del 23 de junio de 2017, los investigadores lograron capturar a una pareja, María Giménez (35) y un viejo conocido en el mercado de la droga. Se tenía la sospecha de que eran quienes introducían la droga a la provincia de Catamarca proveniente de Córdoba.
De acuerdo con la crónica policial de entonces, según la investigación, la banda con 25 gramos abastecía a un «kiosco», que con ello «tenía para vender toda la semana, con bochas de medio gramo».
Además, en las viviendas de los detenidos se hallaron tres motos y celulares, con los que éstos realizaban la distribución de la droga en los kioscos del norte de la Capital, donde eran los principales proveedores. «A veces se dice que se atrapa a perejiles, pero esos ‘kiosquitos’ son los que le dan negocio a estos tipos», contaron los investigadores.
La principal banda proveedora de cocaína de máxima pureza, denominada «alita de mosca», para los kioscos de droga de la zona Norte de la ciudad Capital fue desarticulada aquella mañana con un kilo de esa sustancia. La carga está valuada en 500 mil pesos. Por entonces, un kilo de alita de mosca significa una carga importante en el mundo narco, ya que el gramo se vende a 500 pesos, por lo que el kilo secuestrado significa una «mercancía» de un valor de 500 mil pesos. «Cuando éste cayó preso por distribuir droga, ella fue la que se encargó del negocio. Ahora volvieron a trabajar los dos de nuevo», había trascendido.
