Las Declaraciones Juradas (DDJJ) de bienes sirven, de alguna manera, para
controlar el patrimonio de aquellos que ocupan un cargo público desde el momento
en el que inicia su gestión hasta el cierre. A la largo del 2020 -el primer año de
pandemia- solo 100 de la enorme mayoría de funcionarios de todos los niveles
(provincial, municipal, legislativo, concejales y organismos descentralizados,
empresas mixtas y entidades públicas) dieron cuenta de sus bienes ante el Tribunal
de Cuentas.
En la lista del funcionariato que presentó su DDJJ ante el organismo contralor de la
cuentas públicas aparecen el gobernador Raúl Jalil y su vice, Rubén Dusso. Cabe
señalar que ambos figuran dos veces en la nómina de funcionarios. Sucede que los
dos presentaron la documentación correspondiente para lo que fue su final de
mandato en la intendencia capitalina (en el caso de Jalil) y en como ministro de
Obras Públicas (para el caso del presidente natural del Senado).
Aparte, durante el 2020, solo cuatro de los 18 titulares de carteras ministeriales
presentaron su DDJJ. Para el caso, aparecen el recientemente electo senador
nacional Guillermo Andrada (Comunicación); la ministra de Planificación, Susana
Peralta; el titular de la cartera de Industria y Comercio, Lisandro Álvarez y cierra la
nómina María Eugenia Rosales (Ciencia e Innovación).
El artículo 167 de la Constitución Provincial establece puntualmente que “todos los
funcionarios, inclusive cada uno de los miembros de los tres Poderes y todo agente
administrativo que maneje fondos fiscales o administre bienes de la Provincia” deben
presentar sus DDJJ. Además, que las declaraciones deben ser sobre “los bienes
propios y de los de sus padres, hijos y cónyuges”.
Éstos “se inscribirán en un registro especial que será público, a fin de que, en
cualquier tiempo, durante o después de terminar sus funciones, cualquier habitante
pueda requerir judicialmente la verificación de la legitimidad del enriquecimiento del
gobernador o agente administrativo”.
En tanto, se deja explícito que el Tribunal de Cuentas puede decretar
“preventivamente el embargo de los bienes o valores señalados como legítimamente
adquiridos”.
Así las cosas, de los 100 funcionarios y funcionarias de la lista donde se detallan las
personas que presentaron sus declaraciones ante el Tribunal de Cuentas, 35
corresponde y prestan servicios en la comuna capitalina. Para el caso del Concejo
Deliberante de la Ciudad, solo figura uno de los siete que ingresaron al cuerpo en el
2019: se trata del oficialista Alejandro Díaz Martínez.
