El fiscal federal, Rafael Vehils Ruiz, solicitó ayer al Tribunal Oral Federal Catamarca que el coronel retirado del Ejército Francisco Gabriel Castañeda sea condenado a prisión perpetua por el secuestro y homicidio de Griselda Ponce (34) y Julio Genaro Burgos (18), ocurridos el 15 de diciembre de 1976 esta ciudad Capital.
Pidió además que los hechos que se le endilgan a Castañeda sean considerados «crímenes de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado y por ello de carácter imprescriptible».
Solicitó además que de ser hallado culpable, sea sometido a un exhaustivo examen médico para determinar la modalidad del cumplimiento de la pena. En este marco, pidió que la condena sea de cumplimiento efectivo y en un servicio penitenciario común.
El Ministerio Público solicitó finalmente la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Castañeda, por considerarlo «autor mediato de la privación ilegítima de la libertad de Griselda del Huerto Ponce y Julio Genaro Burgos, constituyendo la colaboración de necesaria por dolo eventual en el homicidio agravado de las víctimas Ponce y Burgos, todo ello en concurso real con el delito de asociación ilícita, en calidad de miembro».
El alegato de la Fiscalía duró poco más de una hora y media. Vehils Ruiz recordó que el debate se inició el 9 de agosto y que se trata «del tercer capítulo de un juicio que se inició en el 2012», cuando «ya se había acreditado, y lo volvemos a solicitar, que el hecho de la desaparición de Griselda Ponce y Julio Genaro Burgos sea declarado de lesa humanidad».
Remarcó que esa Fiscalía cuenta con «pruebas que lamentablemente este tribunal con otra conformación no quiso ver», porque «no quiso ver lo que era evidente» y remarcó que «los familiares que se encuentran sentados (en el TOF) vuelven a pedir justicia y siguen pasando los años y los familiares siguen pidiendo justicia». «Vamos a demostrar que Castañeda no es ajeno a que el 15 de diciembre de 1976 aproximadamente a las 3 de la mañana, seis o siete personas ingresaron en el domicilio donde vivía a familia Ponce, redujeron a todos los miembros y secuestraron a Ponce y a Burgos».
Aseguró que el procedimiento fue realizado en el marco de los llamados «censos poblacionales» y que si bien hubo «un gran pacto de silencio, las pruebas del Ministerio Público no pueden ser destruidas porque no hay otras pruebas. Algunos hasta manifestaban la necesidad de ver un video porque no hay video. Hay gente que pudo sobrevivir y dar sus testimonios».
«Esto fue perfectamente planificado, ejecutado por parte de Castañeda y del aparato represor que diera destino final a Griselda Ponce y a Julio Burgos», subrayó.
Consideró que hubo implicados a los que «se les escaparon cositas como un acta, donde está la firma de Florentino Reyes, jefe de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, junto con la de Sergio Mujica (exjefe de la sección Tiradores), subalterno de Castañeda, que era quien estaba al frente de la Compañía y tenía presencia en el lugar».
Remarcó que «Catamarca fue parte del esquema represivo que hubo en la República Argentina» y que «acá todo el mundo sabía lo que pasaba, pero había un pacto de silencio. En Catamarca hubo muchos más desaparecidos».
Entre otras consideraciones, manifestó que «fue perfectamente planificado, ejecutado por parte de Castañeda y del aparato represor que diera destino final a Griselda Ponce y a Julio Burgos».
«Los llevaron en distintos vehículos, entre ellos una camioneta Chevrolet que no es casual (luego indicó que habría pertenecido a la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia), porque este hecho está lleno de casualidades», agregó.
Finalmente destacó «el carácter y valor de las declaraciones testimoniales», porque «tienen un valor superlativo. Hay gente muy valiente que quiso cumplir con su deber cívico y aportó lo que tenía para decir. Y acá se está haciendo lo que ellos (quienes ejercieron terrorismo de Estado), no permitieron. Y es un juicio justo. En aquella época decidían sobre la vida y la muerte».
Al cierre de esta edición continuaban los alegatos de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Ramiro Fresneda. Hoy sería el turno del defensor, Lucio Montero.
