A pesar de que estaba todo encaminado para el inicio del juicio por la causa del «megafraude», una nueva presentación de los abogados defensores de parte de los principales acusados suspendió el comienzo del proceso oral y público. El juicio debía comenzar el próximo martes.
La presentación la realizó el abogado Víctor García, quien representa a Carlos Arriazu y a Nancy Madueño. En ésta, el letrado pidió la nulidad de la elevación a juicio al considerar que hubo adulteraciones en los expedientes de la investigación.
En este marco, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación (donde está la causa para el inicio del juicio), informó del ingreso del pedido de nulidad al resto de las partes involucradas, confirmando la suspensión del juicio, sin dar detalles de cuándo se podría volver a definir una fecha de este procedimiento.
De acuerdo con lo que pudo conocer este diario, García presentó un incidente de nulidad a la declaración indagatoria tomada a sus asistidos y también lo hizo en relación con el requerimiento de citación a juicio. En ese contexto, solicitó el sobreseimiento definitivo de Arriazu y Madueños.
Concretamente, el letrado advierte de la supuesta manipulación de la prueba contra sus defendidos y la adulteración de los expedientes de la causa. En su presentación, relata que la propia Corte de Justicia en un fallo sobre un planteo realizado por Susana Beatriz de la Colina (otra de las involucradas en la causa), confirmó que parte del expediente del «megafraude» fue manipulado por personas terceras a la causa.
De la Colina (que era empleada del Ministerio de Hacienda cuando saltó el escándalo), había hecho este planteo en 2019 denunciando la desaparición de los expedientes de pago a las Fundaciones IDEIA y Jóvenes en Progreso en ámbitos de la Tesorería General de la Provincia durante la investigación. Esta documentación, luego apareció, pero no sería la original. Mediante dos pericias se constató que se habían producido adulteraciones.
Teniendo en cuenta que los expedientes a los que hizo referencia el máximo tribunal pertenecen a la causa del «megafraude», García plantea que existe lo que se denomina «comunidad de la prueba», lo que significa que la definición de la Corte impacta de la misma forma para el resto de los imputados de la investigación. Además agrega que estas irregularidades detectadas en la documentación impactan de lleno tanto en las declaraciones testimoniales de sus defendidos y en el propio llamado a juicio ya que son la base de acusación contra los imputados. Por lo que todo lo realizado en base a esa documentación es nulo.
Con esta nueva suspensión, ya son cinco las veces que no se puede dar inicio al juicio. En esta causa se investigan supuestos actos de corrupción en la contratación de capacitaciones organizadas por fundaciones por parte del Estado provincial en el primer mandato de Eduardo Brizuela del Moral.
En octubre, el “megafraude” cumplirá 17 años desde que comenzó su investigación, que aún sigue sin resolverse. Ésta se había iniciado gracias a una investigación de diario El Ancasti en 2004.
Además de Arriazu y Madueños, están imputados el exdirector de Políticas Juveniles Ariel Regina, el exsecretario de Desarrollo Social Pablo Córdoba Molas; el presidente de la Fundación IDEIA, Hugo Diamante; y exfuncionarios del Ministerio de Hacienda: María Cristina Barros de Voget, Guillermo Alberto López, Liliana del Valle Jalil de Barrera, Susana Beatriz de la Colina y Juan Andrés Barrios, todos por 24 hechos.
