La Fiscalía finalizó la investigación de las once causas que pesan sobre Bruno Vuirli Saragusti y pidió que el expediente sea elevado para su juicio oral, pero la defensa presentó una nulidad al dictamen y el planteo deberá ser resuelto por el Juzgado de Control de Garantías.
El sujeto está detenido con prisión preventiva desde septiembre del año pasado y se le endilgan once acusaciones: “abuso sexual simple”, “abuso sexual con acceso carnal”, “hurto”, “lesiones leves”, “daños”, “violación de domicilio”, “amenazas simples”, “lesiones leves calificadas por haber mediado relación de pareja”, “coacción” e «instigación al suicidio». Esta última le fue imputada en febrero por la fiscal de la causa, Myrian López.
El suicidio de «Majo» Arias Gibert, ocurrido en marzo del año pasado, puso en la mira de la Justicia a Vuirli Saragusti. La familia de la joven denunció penalmente al exnovio de la joven a quien acusó de instigarla a tomar esa decisión.
«Yo fui quien la encontró. Mi hermana no estaba colgada. Cuando la encontré tenía los dos pies sobre los escalones. El lugar de donde supuestamente se había colgado no es más alto que ella. No hay forma física de que lo haya realizado”, señaló.
Semanas más tarde se realizaron otras dos denuncias contra Vuirli Saragusti. En ambos casos se trató de exparejas que lo denunciaron por violencia de género y abusos sexuales. El sujeto estuvo detenido tres meses hasta que en julio del año pasado el juez de control de garantías N° 3, Porfirio Acuña, rechazara la prisión preventiva y lo excarcelara tras el pago de una caución por $150.000. Esta decisión fue apelada y dos meses después la Cámara de Apelaciones revocó la excarcelación y ordenó el traslado al penal.
Nulidad
Vuirli Saragusti tiene como abogado defensor a Luciano Rojas y realizó un pedido de nulidad absoluta, que deberá ser resuelto por el Juzgado de Control de Garantías.
Según el escrito presentado por Rojas, no había tenido contacto con el expediente y el 23 había pedido una ampliación de indagatoria para su cliente y otras medidas. La solicitud ingresó por la Secretaría de la Fiscalía de Instrucción N° 8 y manifestó que una hora después fue notificado del pedido de elevación a juicio.
Rojas señaló que no se trataron de «actos dilatorios» y que sus pedidos tendrían que haber sido analizados por la Fiscalía.
